Canarias vuelve al carro de la inversión per cápita, con la tasa más baja en 2023 de toda España, con un total de 138,2€ frente a la media nacional de 240,5€.
Además, en cuanto a inversiones por potencial dependiente, ocupa el penúltimo lugar con 1.238 euros, según un estudio elaborado por la Asociación Nacional de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
En total, el año pasado el gasto total fue de 305,9 millones, de los cuales el 28,5% lo aportó el Estado (87,1 millones) y el resto la comunidad autónoma (218,7 millones), casi en la frontera de la media nacional.
Canarias se sitúa por debajo de la media de 1.825€ con 1.248€ con Cantabria en 1.700€; Cataluña, con 1.649 euros; Asturias, con 1.604 euros; Aragón, con 1.536 euros; Murcia con 1.504 euros y Galicia con 1.073 euros. En el otro polo están Baleares, donde la inversión es de 2.031 euros; La Rioja, 2.116 euros; Castilla y León, 1.967 euros; Madrid, 1.921 euros; Andalucía, 1.888 euros; Castilla-La Mancha, 1.876 € y Comunidad Valenciana, 1.825 €.
El informe también señala que Castilla y León, Galicia y Aragón “ganaron dinero” gracias al incremento del presupuesto del organismo en el marco del Plan de Choque (2020-2023) aprobado por el Gobierno tras la pandemia sanitaria.
El estudio refleja que en 2023 la inversión pública en cuidados de larga duración ascendió a 11.522 millones de euros: 8.230 millones de las comunidades autónomas (71%) y 3.292 del Gobierno central (29%), y constata una “marcada desigualdad territorial”. donde las comunidades que más invierten en función de un potencial dependiente y al año son País Vasco (2.848€), Extremadura (2.599€) y Navarra (2.413€).
Según el informe, el peso relativo de la financiación autonómica respecto a la financiación estatal entre 2015 y 2020 mostró una tendencia alcista que se vio interrumpida en 2021 “cuando el aumento de la financiación aportada por el Estado a través del plan de contingencia” “algunas comunidades lo utilizan para retirar parte de su financiación”.
Así, el peso de las comunidades en la financiación ha disminuido un 13% entre 2021 y 2023, mientras la Administración General “refuerza la financiación del sistema”.
Derechos “sobre el papel”
La reducción de cotizaciones en determinadas comunidades autónomas “limitó la capacidad de impacto de los fondos del plan de choque”, según la organización. La Asociación Nacional de Directores y Gestores de Servicios Sociales puso el foco, con motivo de la mayoría de edad de la ley de dependencia, en “los abusos de las administraciones públicas que han convertido los derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel”.
“Esta es una política que preocupa a la ciudadanía, ya que un porcentaje importante forma parte del ciclo natural de la vida y muchas personas acabarán en situación de dependencia”, dijeron, al tiempo que recordaron que actualmente 292.792 personas se encuentran en lista de espera que cada 15 Minutos muere una persona en el laberinto burocrático de la Ley.
“Desafortunadamente para las 45.360 personas que murieron el año pasado, los presupuestos no llegaron a tiempo”, denunció la organización.