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El Gobierno pidió colaboración a eléctricas y la gran industria para incidir sobre Feijóo y evitar consecuencias económicas por la eliminación del decreto

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Dentro de un complicado contexto legislativo, el Ejecutivo nacional contactó a delegados de las mayores empresas eléctricas y sectores industriales importantes para tratar de garantizar la aprobación de un decreto que considera esencial para la estabilidad económica nacional. La iniciativa, que está a punto de ser sometida a una votación parlamentaria crucial, ha provocado tensiones políticas y empresariales debido a sus repercusiones en sectores como la energía, el transporte y las asistencias sociales.

Este es el texto reformulado siguiendo todas las instrucciones indicadas:

De acuerdo con personas familiarizadas con la situación, el Gobierno pidió a líderes de importantes corporaciones que influenciaran a ciertos dirigentes de la oposición, en especial al partido principal de centro-derecha, para que evitaran obstaculizar la aprobación del decreto. La inquietud se centraba en que una potencial negativa del conjunto de normas pudiera causar consecuencias negativas inmediatas en el sector energético, en las obligaciones ambientales adquiridas por el país, y en la imagen de estabilidad política frente a los inversionistas.

El contenido del decreto incluye la prórroga de medidas vinculadas al escudo social establecido durante los momentos más críticos de la pandemia, así como ajustes en tarifas eléctricas y subvenciones al transporte público. Asimismo, contempla disposiciones relacionadas con la planificación de infraestructuras y políticas industriales de mediano plazo. La aprobación del texto se considera crucial para sostener la hoja de ruta económica del Ejecutivo durante los próximos meses, especialmente en un contexto de incertidumbre internacional.

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Entre las empresas contactadas se encontrarían varias de las principales distribuidoras eléctricas, así como actores relevantes del sector siderúrgico, químico y automotriz. La intención habría sido generar un frente común de presión desde el ámbito empresarial, subrayando los costos que implicaría un bloqueo institucional a políticas ya en marcha, especialmente aquellas relacionadas con el sector energético, en plena transición hacia modelos más sostenibles.

Desde la oposición, algunas voces interpretaron este movimiento como una maniobra impropia por parte del Ejecutivo, al considerar que el intento de involucrar a actores empresariales en decisiones parlamentarias podría erosionar el equilibrio institucional y afectar la independencia del Legislativo. A pesar de ello, también se registraron posturas más moderadas que no descartaban una eventual abstención o el respaldo parcial al decreto si se introducían ciertos ajustes de forma o contenido.

En paralelo, sectores del empresariado mostraron preocupación por el rumbo de la discusión parlamentaria, señalando que un eventual rechazo del decreto introduciría un factor de inestabilidad que podría afectar la inversión y frenar proyectos en curso. También hubo quienes señalaron que las medidas contenidas en el texto legal beneficiaban directamente a la competitividad del país, al ofrecer mayor previsibilidad en materia de costos energéticos y acceso a transporte subvencionado para los trabajadores.

El Ejecutivo, por su parte, ha evitado confirmar los contactos de forma oficial, aunque se ha defendido argumentando que mantiene un diálogo constante con todos los sectores productivos para garantizar que las políticas públicas respondan a las necesidades reales del país. También ha insistido en que el decreto no debe interpretarse como un instrumento partidista, sino como una herramienta de continuidad para medidas previamente consensuadas y respaldadas por buena parte del tejido social y económico.

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El sufragio del decreto emerge como un test de poder en el Parlamento. La división de la cámara obliga al Ejecutivo a dialogar con diversos grupos, en una situación donde las alianzas no están garantizadas y cada sufragio es crucial. A la par, las conversaciones prosiguen en los corredores políticos y en las oficinas de las grandes corporaciones, donde el destino del decreto se disputa tanto en términos institucionales como corporativos.

Por Otilia Adame Luevano

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