La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este miércoles que el Gobierno federal mantiene una postura firme en contra de la pena de muerte, sin excepción por la naturaleza del delito o la persona involucrada. La declaración ocurre en el contexto de las recientes decisiones judiciales en Estados Unidos, donde se determinó no solicitar la pena capital contra los presuntos narcotraficantes mexicanos Ismael «el Mayo» Zambada y Rafael Caro Quintero.
Durante una rueda de prensa, la líder destacó que esta postura se basa en una firme convicción legal y moral presente en las leyes de México. “El tipo de delito no es relevante. No estamos de acuerdo”, afirmó, subrayando que esta perspectiva pertenece a la política del país, no a una opinión individual.
Estados Unidos rechaza implementar la pena de muerte
La resolución del Ministerio Público estadounidense fue informada al Tribunal del Distrito Este de Nueva York. En los documentos formales, el fiscal responsable comunicó a los magistrados y a las defensas pertinentes que la Fiscalía General de ese país ha decidido no solicitar la pena capital en los casos de ambos procesados. Esta decisión pone fin a semanas de especulaciones sobre la posible aplicación de esta medida drástica, en particular debido al perfil de los imputados y la severidad de las acusaciones que enfrentan.
Tanto Zambada como Caro Quintero se han declarado inocentes ante los tribunales estadounidenses. En el caso de Zambada, enfrenta 17 cargos, incluyendo tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de armas. Por su parte, Caro Quintero enfrenta acusaciones por narcotráfico y por el asesinato del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena, ocurrido en 1985.
Proceso de traslado sin extradición formal
Ambos acusados se encuentran bajo custodia en Estados Unidos, pero sin haber sido extraditados formalmente a través del tratado vigente entre ambas naciones. Zambada fue arrestado en Texas el 25 de julio del año pasado, tras ser supuestamente engañado para abordar un vuelo a territorio estadounidense. En septiembre se presentó ante el tribunal y se declaró inocente.
En el caso de Caro Quintero, su traslado ocurrió en febrero, junto con otros 28 presuntos delincuentes. El envío fue realizado por el Gobierno de México bajo una disposición de la ley de seguridad nacional, que permite expulsiones sin pasar por un proceso formal de extradición. Este procedimiento generó dudas respecto a si la pena de muerte podría ser aplicada en ausencia del condicionante legal que impide a México extraditar a ciudadanos a países donde podrían enfrentar tal castigo.
Principio de reciprocidad y respeto a tratados internacionales
Sheinbaum subrayó que, según los tratados internacionales que regulan la entrega de ciudadanos mexicanos, un requisito es que no se les aplique la pena de muerte en el país que los reciba. Este principio recíproco ha sido una constante en la diplomacia de México, respaldado por la Constitución y acuerdos multilaterales.
El posicionamiento del Gobierno no solo responde a un principio legal, sino también a una visión de derechos humanos ampliamente aceptada dentro del marco jurídico nacional. México ha abolido la pena de muerte desde hace décadas, y su legislación impide colaborar con procedimientos que podrían derivar en su aplicación.
Consecuencias diplomáticas y legales
La decisión de Estados Unidos de respetar esta línea en los casos de alto perfil como los de Zambada y Caro Quintero refuerza los compromisos bilaterales en materia de cooperación judicial. Aunque ambos casos continúan en curso, la exclusión de la pena de muerte despeja un punto de tensión que pudo haber tenido implicaciones diplomáticas entre los dos países.
Bajo esta premisa, se fortalecen los mecanismos de cooperación entre las autoridades de México y Estados Unidos en la gestión de delitos internacionales, particularmente los vinculados con el tráfico de drogas y el crimen organizado. La postura de México establece un límite definido respecto a su involucramiento en procedimientos legales internacionales, garantizando que sus ciudadanos, sin importar el crimen, sean juzgados conforme a las normas y valores de su Constitución.
Panorama judicial en evolución
Ambos asuntos siguen captando interés en la escena pública y legal. La observación de los procedimientos judiciales en Estados Unidos definirá el desarrollo de las imputaciones y las posibles sanciones, mientras que en México persiste el compromiso de asegurar el respeto a los principios legales que guían su política exterior.
La negación categórica de la pena capital por parte del Gobierno mexicano se mantiene firme como una política de Estado, al margen de la presión de los medios de comunicación, la severidad de los crímenes o el historial de los imputados. La consistencia en esta actitud fortalece el compromiso de México con un sistema judicial enfocado en los derechos humanos, aun en los casos más complejos.
