La reciente condena en Colombia contra siete exdirectivos de una filial de Chiquita Brands ha vuelto a poner bajo escrutinio la compleja trayectoria de esta empresa multinacional en América Latina. Con una pena de 11 años de prisión y una multa millonaria, la justicia colombiana sentó por primera vez un precedente contra ejecutivos vinculados al financiamiento de grupos armados en el país. La decisión reafirma el vínculo comprobado entre Banadex —filial de Chiquita— y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al que se transfirieron más de 1,7 millones de dólares entre 1995 y 2004 a cambio de protección en las zonas bananeras del Urabá.
Este veredicto destapa nuevamente un periodo complicado en la trayectoria de una empresa que, desde su inicio como United Fruit Company en 1899, no solo revolucionó el comercio mundial del plátano, sino que también influyó, muchas veces de manera controvertida, en la dirección política y social de diversas naciones de América Latina.
Desde el tren hasta el control agrícola
El origen de United Fruit Company se debió a la visión emprendedora de Minor Keith, un inversionista en ferrocarriles que se dio cuenta del potencial del banano al ver su cultivo por obreros jamaiquinos en Costa Rica. Desde ese punto, la compañía estableció un modelo de negocio que integraba producción agrícola, logística y exportación, enlazando las plantaciones en Centroamérica y el Caribe con los mercados consumidores en Estados Unidos y Europa.
A lo largo de los años, la empresa incrementó su influencia económica y su dominio territorial. Para 1930, era dueña de más de un millón de hectáreas y administraba su propia flota marítima llamada la Gran Flota Blanca. Su poder era tan significativo que sobrepasaba la capacidad operativa de los gobiernos locales, gestionando infraestructura esencial como trenes y puertos en diversos países.
Impacto político y tensiones sociales
La adquisición de este poder económico permitió una notable intervención política. La compañía jugó un papel central en eventos significativos de la historia de América Latina, como la masacre de las bananeras en Colombia en 1928 y el golpe de Estado en Guatemala en 1954. En ambas ocasiones, la empresa protegió sus intereses corporativos, favoreciendo a gobiernos compatibles y respaldando acciones que resultaron en la opresión de trabajadores o el derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente.
Durante el paro de los trabajadores del banano en Santa Marta, Colombia, la compañía pidió respaldo militar, lo que resultó en una matanza por el ejército. En Guatemala, su enfrentamiento con el presidente Jacobo Árbenz, quien impulsaba una reforma agraria impactando las tierras no productivas de la empresa, llevó a una operación secreta dirigida por la CIA que concluyó con su destitución.
Estas acciones consolidaron la reputación de la empresa como símbolo del imperialismo económico en la región. Su presencia dio origen al término “república bananera”, utilizado para describir países con estructuras políticas vulnerables a la influencia de intereses extranjeros.
De United Fruit a Chiquita Brands
A pesar de su poder, la empresa no estuvo exenta de crisis. En los años 70, enfrentó una pérdida de legitimidad derivada de su asociación con gobiernos autoritarios, así como la formación de un cartel bananero por parte de países productores que buscaban mejores condiciones comerciales. Tras una serie de reestructuraciones, en 1990 fue rebautizada como Chiquita Brands International, nombre con el que hoy opera globalmente.
Aunque disminuyó su presencia pública, la compañía continuó siendo el centro de polémicas. Al comienzo del siglo XXI, salió a la luz que había hecho pagos continuos a las AUC, un grupo armado de Colombia relacionado con graves violaciones de derechos humanos. Estos pagos se justificaron como medidas de protección, sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que las transferencias fueron revisadas y aprobadas por altos ejecutivos, quienes conocían plenamente la naturaleza violenta de la organización.
Obligaciones legales y repercusiones morales
En 2007, Chiquita reconoció ante las autoridades de Estados Unidos haber proporcionado financiación a las AUC y accedió a pagar una multa de 25 millones de dólares. No obstante, no fue hasta 2024 que un jurado en Florida la encontró culpable de ocho homicidios perpetrados por paramilitares, significando un precedente legal que ahora es respaldado por la reciente sentencia en Colombia.
Estas declaraciones marcan un momento crucial en la forma en que las empresas multinacionales son responsabilizadas por sus acciones en situaciones de violencia. El ejemplo de Chiquita ilustra cómo las elecciones corporativas hechas para salvaguardar actividades comerciales pueden eventualmente involucrarse en complicidad con crímenes de guerra.
Un legado complejo y vigente
Hoy, Chiquita Brands sigue siendo uno de los principales actores del mercado global del banano, con presencia en supermercados de todo el mundo y una plantilla de aproximadamente 18.000 empleados. Aunque la empresa ha buscado proyectar una imagen moderna y socialmente responsable, los fallos judiciales recientes evidencian que su historia está marcada por episodios que trascienden lo empresarial y se adentran en lo político y lo ético.
A 125 años de su fundación, la compañía es reconocida por su innovación logística y su papel central en la expansión del comercio agrícola global. Pero también carga con el peso de un pasado en el que su influencia fue determinante en dinámicas de poder, explotación laboral y violencia estructural en América Latina. La reciente condena en Colombia no solo revive ese pasado, sino que plantea preguntas urgentes sobre el rol de las empresas transnacionales en territorios con frágiles equilibrios institucionales.
