Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia y para mostrar anuncios (si los hay). Nuestro sitio web también puede incluir cookies de terceros como Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Al usar el sitio web, usted consiente el uso de cookies. Hemos actualizado nuestra Política de Privacidad. Por favor, haga clic en el botón para consultar nuestra Política de Privacidad.

Desglosando «pérdidas y daños» en negociaciones climáticas

Qué significa “pérdidas y daños” en discusiones climáticas

Pérdidas y daños constituye un eje clave dentro de las negociaciones climáticas internacionales y alude a aquellos efectos adversos del cambio climático que ya no pueden evitarse mediante la mitigación ni abordarse por completo a través de la adaptación. Abarca tanto pérdidas económicas, como impactos en infraestructuras, merma agrícola o gastos de reconstrucción, así como pérdidas no económicas, entre ellas el desplazamiento de comunidades, la desaparición de expresiones culturales, la pérdida de biodiversidad y la afectación de derechos territoriales.

De qué manera se diferencia de la mitigación y la adaptación

  • Mitigación: acciones orientadas a disminuir la liberación de gases de efecto invernadero y contener el aumento de la temperatura global.
  • Adaptación: iniciativas destinadas a minimizar la exposición al riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta frente a efectos previstos, como la construcción de diques, el desarrollo de cultivos más resistentes y la implementación de sistemas de alerta temprana.
  • Pérdidas y daños: consecuencias residuales que persisten a pesar de los esfuerzos de mitigación y adaptación, así como afectaciones súbitas o irreversibles que no pueden compensarse por completo.

Tipos de daños y perjuicios

  • Eventos súbitos: huracanes, inundaciones, incendios forestales y tornados. Por ejemplo, ciclones capaces de arrasar la infraestructura en cuestión de horas.
  • Procesos lentos: aumento del nivel del mar, desgaste de las zonas costeras, salinización, sequías prolongadas y una paulatina merma de la productividad agrícola.
  • Pérdidas económicas: gastos directos por daños en viviendas, carreteras, cultivos y actividades turísticas.
  • Pérdidas no económicas: desplazamientos obligados, deterioro del patrimonio cultural, desaparición de especies y afectaciones sociales profundas.

Situaciones y cifras que evidencian la problemática

  • Inundaciones en Pakistán (2010): afectaron a millones de habitantes y ocasionaron pérdidas notables en cultivos y viviendas; las evaluaciones internacionales indicaron que enormes grupos poblacionales quedaron desplazados y se registraron daños por miles de millones de dólares.
  • Ciclón Idai (2019): en Mozambique, Zimbabue y Malawi dejó un elevado número de víctimas, destruyó infraestructura clave y causó perjuicios económicos calculados en miles de millones de dólares, además de un prolongado impacto humanitario.
  • Huracán María en Puerto Rico (2017): provocó el colapso de servicios esenciales y daños tasados en decenas de miles de millones de dólares según varias estimaciones; puso de manifiesto cómo los eventos extremos pueden desencadenar crisis sanitarias y desplazamientos internos.
  • Islas bajas y desplazamiento: comunidades en islas del Pacífico y del Índico (como comunidades de Kiribati o Carteret) sufren erosión y pérdida territorial, lo que obliga a planificar reubicaciones nacionales o incluso transnacionales.
  • Sequías y agricultura: en zonas del Corredor Seco centroamericano y el Sahel, sequías persistentes y plagas asociadas al clima disminuyen los ingresos agrícolas, agravan la inseguridad alimentaria y fomentan procesos migratorios.

Marco internacional y política

  • Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): la discusión sobre pérdidas y daños forma parte de las negociaciones desde hace años; en 2013 se creó el Mecanismo de Varsovia para las Pérdidas y los Daños para coordinar investigación y acción técnica.
  • Hito en la COP27: en 2022 los países acordaron crear un fondo específico para abordar pérdidas y daños, especialmente para apoyar a países en desarrollo que enfrentan impactos desproporcionados. La puesta en marcha implica definir gobernanza, fuentes de financiamiento y criterios de acceso.
  • Tensión política: existe desacuerdo entre países desarrollados y en desarrollo sobre si el apoyo constituye reparación, compensación o solidaridad; algunos países temen obligaciones de responsabilidad legal y otros exigen justicia climática.

Evaluación, atribución y apreciación de valor

  • Ciencia de atribución: permite determinar hasta qué punto el cambio climático generado por actividades humanas incidió en la recurrencia o intensidad de un evento extremo, ofreciendo sustento para decisiones de financiamiento aun cuando no siempre aporta conclusiones firmes en cada caso.
  • Valoración económica: cuantificar daños directos suele ser relativamente directo (infraestructura, producción), aunque calcular pérdidas no económicas —identidad, expresiones culturales o biodiversidad— presenta mayores complejidades y con frecuencia resulta insuficiente al convertirlas en montos monetarios.
  • Brechas de datos: los países con menor capacidad estadística afrontan barreras para medir impactos y justificar solicitudes de apoyo, lo que incrementa las desigualdades en el acceso a recursos.

Mecanismos de respuesta y financiamiento

  • Prevención y reducción del riesgo: impulso a obras de infraestructura resistente, ordenamiento del territorio y recuperación de ecosistemas.
  • Mecanismos de seguro: seguros nacionales y fondos regionales contra desastres (por ejemplo, instrumentos operativos en el Caribe y el Pacífico) que facilitan desembolsos ágiles después de fenómenos extremos.
  • Financiamiento internacional: aportes no reembolsables, créditos en condiciones favorables, ajustes de deuda y el reciente fondo de pérdidas y daños establecido en negociaciones globales.
  • Medidas innovadoras: alternativas como gravámenes al carbono, tarifas aplicadas al transporte internacional, reasignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) o aportes voluntarios; cada vía despierta discusiones sobre justicia y efectividad.

Desafíos operativos y éticos

  • Equidad: aunque muchos países han contribuido mínimamente al calentamiento, suelen padecer sus impactos más severos; por ello existe una clara base ética para promover transferencias financieras del Norte global al Sur global.
  • Responsabilidad vs. solidaridad: la solicitud de compensar daños acumulados históricamente choca con la resistencia de algunos Estados a aceptar compromisos jurídicos y financieros.
  • Implementación operativa: se debe definir con precisión quién podrá acceder al fondo, cómo se fijarán las prioridades, de qué forma se garantizará la transparencia y de qué manera asegurar que los recursos lleguen de manera efectiva a las comunidades afectadas.
  • Pérdidas no asegurables: ciertos daños, como la desaparición de territorios insulares o la pérdida de identidad cultural, no pueden remediarse solo con recursos económicos; requieren soluciones políticas más amplias, entre ellas la migración planificada y la protección de derechos.

Buenas prácticas y propuestas

  • Combinar enfoques: articular prevención, preparación, seguros y financiamiento sostenible para afrontar pérdidas económicas y respaldar inversiones que refuercen la resiliencia.
  • Empoderar comunidades: incorporar a pueblos indígenas y comunidades locales en la definición y ejecución de medidas que aseguren adecuación cultural y resultados efectivos.
  • Transparencia y gobernanza: establecer mecanismos claros de control y rendición de cuentas que faciliten el seguimiento del uso de los recursos.
  • Soluciones regionales: promover la cooperación en fondos y esquemas de cobertura de alcance regional (incluidos acuerdos de reasentamiento entre estados insulares y países anfitriones) para administrar desplazamientos planificados.

Los debates sobre pérdidas y daños reflejan un punto crítico: el cambio climático ya provoca consecuencias que muchas comunidades no pueden revertir por sí solas. Abordarlo exige mezclar ciencia de atribución, políticas financieras justas, medidas de reducción del riesgo y un enfoque centrado en derechos humanos para diseñar respuestas que sean efectivas y legítimas para quienes más sufren.

Por Noah Whitaker

Quizás te interese