Un análisis exhaustivo de las estadísticas operativas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) muestra un patrón claramente distinto en la manera en que se efectúan los arrestos de inmigrantes sin documentación en los Estados Unidos. Las estrategias implementadas por ICE cambian notablemente dependiendo de la tendencia política del estado, provocando un escenario migratorio muy desequilibrado entre áreas demócratas y republicanas.
En los estados que apoyaron al exmandatario Donald Trump, los oficiales de ICE efectúan mayormente sus detenciones en cárceles y prisiones. En cambio, en los estados que respaldaron a la actual aspirante presidencial demócrata Kamala Harris, las aprehensiones ocurren principalmente en comunidades, lugares de trabajo y áreas públicas. Esta diferencia ha provocado no solo tensiones políticas, sino también un ambiente de temor e inseguridad en vecindarios con una alta concentración de inmigrantes, particularmente en zonas con políticas de santuario.
Diferencias estructurales en las tácticas de detención
Según los registros analizados, el 59 % de los arrestos en estados republicanos se llevan a cabo en centros de detención, mientras que en los estados demócratas el 70 % de las detenciones ocurren en la comunidad. Aunque ambos grupos de estados presentan poblaciones indocumentadas similares, la forma en que ICE actúa en cada territorio refleja un enfoque táctico diseñado en función de las leyes locales y las políticas de cooperación con las autoridades federales.
Los estados que permiten una mayor colaboración entre las autoridades locales y ICE, como Mississippi, presentan un alto porcentaje de arrestos en centros penitenciarios. En contraste, en lugares como Nueva York y Massachusetts, donde las políticas de santuario limitan o impiden este tipo de cooperación, la agencia ha intensificado su presencia en las calles y en operativos públicos.
Efecto en poblaciones desfavorecidas
En Massachusetts, uno de los estados con políticas más restrictivas hacia ICE, el 94 % de los arrestos se han efectuado en la comunidad, y un 78 % de las personas detenidas carecía de antecedentes penales. La situación ha generado efectos colaterales significativos. En localidades como Chelsea y Everett, donde se concentran comunidades migrantes de Centroamérica, se ha reportado un descenso en la asistencia escolar, consultas médicas y otras actividades cotidianas, producto del temor a ser detenidos.
Grupos locales y activistas por los derechos de los inmigrantes alertan sobre el aumento de patrullas, operativos inesperados y arrestos en áreas públicas, lo que ha cambiado comunidades dinámicas en lugares callados y reservados. La táctica de captar personas en lugares públicos, según los opositores, tiene un efecto intimidatorio y pretende influir en las autoridades locales para que cambien sus normas de seguridad para migrantes.
Una maquinaria de detención en expansión
Durante el mandato de Trump, los arrestos llevados a cabo por ICE presentaron un incremento constante. La tasa de detenciones en la comunidad llegó al 44 %, en comparación con el 27 % observado bajo la administración de Joe Biden. A pesar de que el Gobierno actual pone énfasis en detener a inmigrantes con antecedentes criminales, la comparación muestra una inversión considerable en mecanismos de aplicación migratoria durante el gobierno anterior.
El presupuesto federal ha respaldado esta expansión, destinando miles de millones de dólares adicionales a ICE. A la vez, un número creciente de agencias policiales estatales y locales, especialmente en estados republicanos, se ha unido a programas de colaboración con ICE, fortaleciendo su capacidad operativa.
Tensiones en torno a las políticas de santuario
Los funcionarios de la administración Trump han argumentado que la intensificación de los arrestos en comunidades es consecuencia directa de las políticas de santuario, que impiden a las autoridades locales detener a inmigrantes únicamente por órdenes administrativas de ICE. Desde esta perspectiva, los operativos públicos serían una respuesta a la falta de acceso a las cárceles locales.
No obstante, activistas y abogados especializados señalan que estos métodos están diseñados para castigar a jurisdicciones que se oponen a la política migratoria federal. Acusan a ICE de recurrir a tácticas que exceden los límites aceptables y de utilizar el miedo como instrumento de control social.
Ejemplos destacados y aumento de quejas
Las acciones de ICE en Massachusetts han abarcado arrestos destacados, como el de un estudiante de doctorado que también ha sido coautor de un artículo de opinión, o la captura violenta de un inmigrante retirado del asiento del copiloto ante su familia. Especialistas en derecho consideran que estas medidas muestran una nueva dosis de agresividad por parte de la agencia.
Asimismo, relatos de personas del lugar, como el de Geovani Esau De La Cruz Catalan, joven aprehendido poco después de completar la escuela, muestran el efecto humano de esta medida. Su caso demuestra cómo personas sin antecedentes criminales quedan atrapadas en un sistema que penaliza sin diferencia.
Un sistema desigual en función del código postal
La disparidad en la aplicación de la ley migratoria ha dado lugar a lo que algunos analistas describen como un “sistema heterogéneo” de justicia migratoria en Estados Unidos. El lugar de residencia de un inmigrante se ha convertido en un factor determinante para el tipo de trato que recibirá por parte de las autoridades.
Aunque ciertos estados trabajan conjuntamente con ICE, otros restringen sus actividades mediante decisiones judiciales y normativas locales. Esta división genera experiencias migratorias sumamente diferentes, lo que cuestiona la consistencia de las políticas federales.
La discusión sobre las políticas migratorias, su puesta en práctica y su impacto en las comunidades continuará siendo un tema crucial en la agenda pública, especialmente en un contexto electoral donde la migración se convierte nuevamente en un asunto de intensa carga política.
