La reforma reciente implementada en el pasaporte uruguayo, que busca asegurar una mayor igualdad entre los ciudadanos nacidos en el territorio uruguayo y aquellos nacidos fuera de él, ha generado inquietudes en múltiples gobiernos extranjeros. Alemania, Francia y Japón han manifestado preocupaciones oficiales sobre el nuevo diseño del documento, el cual suprime el apartado «Lugar de nacimiento» y estandariza la indicación de nacionalidad con el código URY, que representa a Uruguay.
El ajuste, promovido en abril por el gobierno uruguayo, es parte de una estrategia para reconocer completamente los derechos de los ciudadanos legales, es decir, quienes han obtenido la ciudadanía uruguaya sin ser originarios del país. Con esta modificación, Uruguay pretende suprimir aspectos vistos como discriminatorios en sus documentos de viaje, particularmente aquellos que mencionaban la nacionalidad original en vez de la adquirida legalmente.
Una respuesta a una demanda histórica por igualdad
Hasta hace poco, los pasaportes uruguayos mantenían una distinción explícita entre los ciudadanos nacidos en el país y los naturalizados. En el campo de «Nacionalidad», el documento podía reflejar la nacionalidad de nacimiento, lo que generaba confusión en controles migratorios y desencadenaba episodios de discriminación, incluso dentro del propio territorio nacional.
La nueva versión del pasaporte unifica la identificación nacional para todos los titulares, eliminando ambigüedades y estableciendo la ciudadanía uruguaya como elemento único de referencia. Además, el campo «Lugar de nacimiento» fue eliminado, siguiendo normas internacionales que lo consideran un dato opcional. Estas medidas fueron celebradas por organizaciones humanitarias y activistas, que destacan el impacto positivo en el derecho a la identidad y en la prevención de la apatridia.
Respuestas de la comunidad global
Pese a la intención inclusiva de la reforma, la omisión del lugar de nacimiento en el pasaporte ha generado fricciones con al menos tres países. Alemania fue el primero en emitir una advertencia pública, indicando que los pasaportes uruguayos emitidos desde el 23 de abril no serán válidos para ingresar a su territorio, incluso para visitas de corta duración. Las autoridades alemanas también señalaron que no procesarán solicitudes de visa presentadas con este documento.
Francia tomó una decisión parecida al interrumpir provisionalmente la concesión de visas para estadías largas mientras revisa la validez del formato nuevo. Japón, por su lado, alertó que los ciudadanos uruguayos que usen este pasaporte enfrentan una alta probabilidad de ser rechazados en el control de migración.
Dichos gobiernos han manifestado que la falta del dato del lugar de nacimiento afecta sus sistemas de identificación y complica la validación de la información del viajero, especialmente en procesos migratorios y consulares.
Postura del gobierno de Uruguay
Ante las críticas, el gobierno uruguayo ha defendido la legalidad y legitimidad de su nuevo pasaporte. El canciller Mario Lubetkin aclaró que los inconvenientes reportados son aislados y que no existe, al momento, un rechazo sistemático del documento por parte de ningún país. Según explicó, los casos en cuestión se limitan a solicitudes de visa de estudio, y no afectan el uso turístico general, que representa la mayoría de los viajes internacionales de ciudadanos uruguayos.
El mandatario Yamandú Orsi indicó que su gestión está abierta a conversar con las delegaciones diplomáticas de los países implicados para hallar una solución, y no excluyó la opción de reimprimir los pasaportes emitidos desde la implementación del nuevo diseño. Sin embargo, confirmó el compromiso del gobierno con la igualdad de derechos para todos los ciudadanos.
Debate interno y posibles ajustes
La elección de eliminar el dato del lugar de origen también ha suscitado controversia a nivel nacional. El exministro Omar Paganini criticó la ejecución de esta modificación, señalando que el inconveniente no reside en alterar la etiqueta “Nacionalidad”, sino en eliminar una información que históricamente ha simplificado la identificación en otros países.
Sin embargo, integrantes de la sociedad civil que promovieron esta reforma han reiterado la importancia de contar con una legislación aclaratoria que afirme de forma explícita que cada ciudadano uruguayo, independientemente de su origen, debe ser reconocido igualmente como nacional. Argumentan que la igualdad legal debe estar presente no solo en las leyes, sino también en los documentos oficiales de identidad.
Una transformación de impacto global
El cambio en el pasaporte uruguayo representa un esfuerzo genuino para fomentar la inclusión y eliminar desigualdades entre los ciudadanos. No obstante, las repercusiones de esta decisión van más allá del ámbito nacional y presentan retos en el ámbito de las relaciones diplomáticas y en la unificación de criterios documentales entre naciones.
El caso pone de manifiesto la tensión entre soberanía documental y requisitos operativos de otros Estados. A medida que las autoridades uruguayas trabajan en una salida diplomática al conflicto, el debate en torno a identidad, ciudadanía y reconocimiento internacional se consolida como una cuestión de creciente relevancia global.
