El Ejecutivo español ha realizado otro cambio en la estructura organizativa de la Presidencia, nombrando nuevamente en menos de un año a otra persona para el puesto oficialmente llamado «director del Gabinete del director del Gabinete del presidente del Gobierno». Esta posición, que tiene un nombre complejo y poco claro dentro del esquema administrativo típico, ha sido otorgada en esta ocasión a Jorge Pérez Naharro, quien sustituye a Ana Ruipérez Núñez, nombrada en septiembre del año anterior.
Pérez Naharro es un empleado público con experiencia en el área institucional. Fue concejal del Partido Socialista en Alcorcón, además de desempeñarse como asesor parlamentario y, hasta ahora, tenía el puesto de asesor adjunto en el mismo Gabinete de la Presidencia. Su nueva responsabilidad implica apoyar directamente al director del Gabinete presidencial, Diego Rubio Rodríguez, quien fue nombrado en julio como encargado de la coordinación general de las políticas del Ejecutivo en su segundo período. La función en este puesto no es novedosa, aunque ha sido poco visible y ha causado debate debido a su supuesta redundancia de funciones.
La posición se presentó inicialmente en el gobierno central bajo la dirección del primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, y se mantuvo vigente durante la administración de Mariano Rajoy. Con la asunción de Pedro Sánchez como presidente y la llegada de Iván Redondo como su principal asesor político, el puesto fue eliminado por un tiempo. No obstante, ha sido reinstaurado en esta fase más reciente, reactivado por el equipo actual de la Presidencia.
El cargo tiene como propósito coordinar al conjunto de asesores y responsables técnicos que dependen del Gabinete del Presidente, facilitando el trabajo operativo de planificación, seguimiento y control de las decisiones estratégicas del Gobierno. A pesar de esta justificación administrativa, su existencia ha suscitado múltiples críticas desde la oposición, que lo considera innecesario y parte de una estructura sobredimensionada.
En los últimos meses, los partidos opositores han cuestionado el incremento en el número de asesores y altos cargos que conforman la estructura de confianza del Ejecutivo. Diversas voces han señalado que estos puestos obedecen más a una lógica de fidelidad partidaria que a criterios técnicos o de eficiencia. El nombramiento de Pérez Naharro no ha sido la excepción. Desde sectores críticos se ha interpretado como un nuevo ejemplo de “clientelismo institucionalizado”, bajo la apariencia de una reestructuración operativa.
El Ministerio de la Presidencia ha evitado referirse a las críticas y ha defendido el nombramiento en términos de continuidad y fortalecimiento del equipo técnico de Moncloa. Según fuentes oficiales, la reconfiguración responde a la necesidad de enfrentar desafíos complejos como la digitalización del Estado, la gobernanza multinivel, y la gestión de crisis globales que requieren un gabinete robusto y especializado.
La rotación constante en este puesto —dos reemplazos en menos de doce meses— también ha alimentado el debate sobre la estabilidad interna en el entorno más cercano al presidente del Gobierno. Algunos analistas interpretan los cambios como señales de ajustes internos, producto de tensiones o de diferencias en la orientación política del núcleo asesor. Otros, sin embargo, lo ven como una maniobra administrativa sin mayor trascendencia pública.
Lo cierto es que esta figura intermedia —el «director del Gabinete del director del Gabinete»— se ha convertido en un símbolo del debate sobre la racionalización del aparato estatal. Para algunos, representa una capa administrativa necesaria para asegurar eficacia en el complejo engranaje de decisiones del Ejecutivo. Para otros, es reflejo de una arquitectura institucional excesiva y opaca, que escapa al control ciudadano y diluye la responsabilidad política.
Entre tanto, oficializar este nombramiento en medio de agosto ha despertado suspicacias. Este mes suele ser una época de poca actividad en los medios y el parlamento, lo que ha inducido a suponer que se pretendía que el anuncio no atrajera atención. Sin embargo, la acción ha avivado el debate sobre las fronteras del poder administrativo del Ejecutivo y la utilización de recursos públicos para fortalecer estructuras de poder más complejas, aunque no siempre más efectivas.
